El Salvador permitirá que el bitcoin se use como moneda de intercambio de curso legal, tras la aprobación de ley de implementación, pese al riesgo que el país centroamericano se convierta en un paraíso fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión fiscal.
El Salvador hizo historia el martes al ser el primer país del mundo en darle curso legal como moneda de cambio al bitcóin, para bien o para mal, dependiendo del sector que lo valore.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, busca enganchar el proyecto a su popularidad entre la población, que se resiste y rechaza el criptoactivo, según diversas encuestas, y también demanda más información.
A la ecuación se suman sectores, como la oposición, que manifiestan su desconfianza y critican el uso de fondos públicos en una iniciativa que no está del todo clara.
Las monedas oficiales en El Salvador, según la Ley de Integración Monetaria, son dos: el dólar estadounidense y el colón, pero ésta última no circula más.
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El uso del bitcóin será opcional para la población, afirmó el primer mandatario.
Estas son las cinco claves para entender su implementación:
1. EL BITCÓIN ES OBLIGATORIO
La Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, aprobó en junio la Ley Bitcóin, cuyo objetivo es "la regulación del bitcóin como moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar".
La normativa, que contiene apenas 16 artículos, fue aprobada con dispensa de trámites y sin mayor debate parlamentario, lo que significa que no pasó por un análisis previo en el Congreso.
Bukele no anunció a los salvadoreños la intención de adoptar la criptomoneda, sino que lo reveló mediante un video en una conferencia de "bitcoiners" celebrada en Miami (EE.UU.).
La ley, que fue aprobada apenas cuatro días después del anuncio del mandatario, indica que "todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio".
Su uso es obligatorio aunque el presidente Bukele ha señalado que quedará a opción de los salvadoreños.
La ley manda su obligatoriedad, pero el mandatario matizó este aspecto duramente criticado el 24 de junio pasado con un juego de palabras.
Bukele afirmó que los agentes económicos sí están obligados a aceptar el bitcóin, pero no a recibirlo. La solución a este problema, semántico o de legislación la dará la gubernamental "Chivo Wallet".
2. ¿CÓMO FUNCIONARÁ?
El Gobierno lanzó el martes la citada billetera electrónica en las tiendas de aplicaciones iOS y Android.
La clave entre aceptar y recibir bitcóin, según la explicación de Bukele, radica en la "convertibilidad automática e instantánea" del criptoactivo a dólares.
Es decir, los comercios tendrán que aceptar bitcóin pero mediante la "Chivo Wallet" podrán decidir si se quedan con la criptomoneda o la cambian automáticamente a dólares.
Son 150 millones de dólares los que la Asamblea Legislativa le aprobó al Gobierno para crear un fideicomiso (fondo) que respaldara estas transacciones.
Las dudas: ¿qué hará el Gobierno con esos fragmentos de bitcóin? ¿los guardará? ¿los venderá para obtener nuevamente dólares? ¿qué respalda los dólares virtuales de la billetera?
La Ley Bitcóin no dice nada al respecto.
3. UN BONO PARA ATRAER USUARIOS
Bukele prometió entregar, con fondos estatales, un bono en bitcóin equivalente a 30 dólares a quienes descarguen la "Chivo Wallet", sin que estos puedan ser cambiados a dólares.
Los diputados también le dieron al Gobierno otros 23,3 millones de dólares para el proyecto "Criptofriendly", del que poco se conoce, y 30 millones para a la entrega del bono o incentivo.
Además, el país contará con una red de 200 cajeros automáticos en los que los salvadoreños que posean bitcóin podrán retirar dólares en efectivo.
Por el momento se desconoce a qué empresa se compraron todos esos cajeros y el costo de los mismos.
A mediados de junio pasado, se anunció que la empresa estadounidense Athena Bitcoin había comenzado con la instalación de cajeros automáticos, pero públicamente no se sabe si es la única proveedora y si ganó una licitación.
4. RECHAZO Y DESCONFIANZA
El jefe de Estado salvadoreño ha promovido el uso del bitcóin como una medida para eliminar el pago de comisiones por el envío de remesas desde Estados Unidos, que sostienen la economía salvadoreña y beneficia a 1,63 millones de salvadoreños.
Un total de 471.633 hogares reciben estas divisas, de los que 13.530 se encuentran en pobreza extrema y 68.874 en pobreza relativa, según fuentes oficiales.
De acuerdo con el mandatario, son 400 millones los que pagan los salvadoreños en el extranjero cada año para enviar las remesas, que en 2020 sumaron más de 5.900 millones.
Sin embargo, la mayoría de los salvadoreños muestran desinterés, rechazo y desconfianza al uso del bitcóin, de acuerdo con los resultados de encuestas.
Según un sondeo del jesuita Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop), el 66,7 % de la población opina que la Ley Bitcóin debe ser derogada y el 65,2 % se mostró en desacuerdo en que el Gobierno de Bukele utilice fondos públicos para financiar la implementación del criptoactivo.
Además, el estudio señala que el 78,3 % de la población está poco o nada interesada en descargar en sus teléfonos la aplicación de la billetera electrónica y el 71,2 % prefiere utilizar el dólar.
Otras dos encuestas muestran resultados parecidos.
El Ministerio de Economía elaboró, como complemento de la ley, un reglamento que entrará en vigor el miércoles, pero a criterio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), deja más dudas porque "no aclara algunos elementos que no explica la legislación" principal.
5. OTRAS CRIPTOMENDAS Y SUS PROYECTOS
La Ley Bitcóin no incluye otras criptomonedas y sus proyectos adyacentes, y el Gobierno tampoco ha dicho nada.
Según un sitio especializado Coindesk, el Gobierno salvadoreño habría firmado un acuerdo con la plataforma latinoamericana especializada en criptoactivos Koibanx.
Dicho acuerdo sería para generar la capacidad en el país para almacenar digitalmente los documentos oficiales del Centro Nacional de Registros (CNR) sobre la cadena de bloques de Algorand.
Se desconoce si el Gobierno ha firmado más acuerdos con otras plataformas.
