MIAMI - La vicepresidenta Kamala Harris quiere agregar alivio fiscal para las pequeñas empresas a su plataforma de política económica destinada a ayudar a los estadounidenses de clase media y trabajadora.
Además, Harris busca aumentar masivamente la deducción fiscal existente para las pequeñas empresas por los costes de puesta en marcha.
Su objetivo: 25 millones de nuevas solicitudes de pequeñas empresas en su primer mandato, por encima del récord de 19 millones recibidas bajo el gobierno de Joe Biden a mediados de agosto.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.
La mayoría de las propuestas de Harris, si no todas, requerirían la aprobación del Congreso, lo que supondría un obstáculo importante si el Congreso permanece tan dividido.
Las propuestas de Kamala Harris suponen un precio considerable y aún no ha detallado cómo cubrirá los costos. Según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, su anterior paquete añadiría $1.7 billones a los déficits de la próxima década, antes de intereses.
Hasta ahora, su campaña ha dicho que aumentaría la tasa de impuestos corporativos al 28%, por encima de la tasa del 21% establecida por la ley de recorte de impuestos de 2017 del expresidente Donald Trump, lo que recaudaría alrededor de $1 billón durante la próxima década, según el comité.
Por su parte el ex presidente Trump ha prometido reducir impuestos corporativos del 21% al 15% con énfasis en las empresas que fabrican sus productos en Estados Unidos.
El candidato republicano a la presidencia dijo que quiere contratar a Elon Musk para crear una oficina que lidere el gasto público, si vuelve a la Casa Blanca.
El candidato también reiteró su propuesta de eliminar los impuestos sobre los ingresos provenientes de las propinas, una idea que lanzó en junio pasado para atraer a los trabajadores del sector servicios. La ley actual exige que los empleados declaren sus propinas como ingresos.
Además, el plan económico de Trump prohíbe hipotecas para inmigrantes indocumentados y busca usar terrenos federales para construcción masiva de viviendas.