El Tribunal de Comisionados del condado Bexar votó a favor del programa que contrataría un proveedor externo para imprimir y distribuir formularios de registro de votantes.
SAN ANTONIO – El condado Bexar y la oficina del fiscal general de Texas tendrán una audiencia donde discutirán la demanda que se presentó para detener el contrato para el programa de registro de votantes en la ciudad del Álamo.
El Tribunal de Comisionados del condado Bexar aprobó el contrato para la divulgación del registro de votantes a los residentes de la comunidad el 3 de septiembre de 2024. Más tarde esa noche, la Oficina del Procurador General de Texas presentó una demanda buscando terminar el contrato.
Se espera que la audiencia programada para este lunes determinará el destino de un programa de registro de votantes.
Según el fiscal general, el Tribunal de Comisionados del condado Bexar votó a favor de promulgar “un programa ilegal que enviaría por correo masivo solicitudes de registro de votantes a los residentes, independientemente de si esos residentes han solicitado dicha solicitud o incluso si son elegibles para votar”.
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“La distribución de formularios a destinatarios no verificados podría inducir a personas no elegibles (como delincuentes y no ciudadanos) a cometer un delito al intentar registrarse para votar. Además, los condados de Texas no tienen autoridad legal para imprimir y enviar por correo los formularios estatales de registro de votantes, lo que hace que la propuesta sea fundamentalmente ilegal”, lee el comunicado del fiscal general de Texas.
Otras noticias:
Por su parte, Paxton ha señalado que el programa “potencialmente invita al fraude electoral. Es un delito registrarse para votar si no eres elegible”.
Esta no es la primera vez que Paxton toma acción legal debido a supuesto fraude electoral.
Paxton dijo que abrió una investigación sobre informes de que organizaciones que operan en Texas pueden estar registrando ilegalmente a personas no ciudadanos para votar, en violación de las leyes estatales y federales.
De acuerdo a la ley federal, para poder ejercer el derecho al voto, las personas necesitan ser ciudadanos estadounidenses.
