Los agentes federales ahora deberán centrarse en expulsar a quienes suponen un riesgo o acaban de cruzar la frontera.
COLUMBUS, Ohio – Un tribunal federal de apelaciones tomó parte este miércoles en la disputa que tiene el gobierno del presidente Joe Biden contra varios estados con gobernadores republicanos por la política a seguir sobre el arresto y la deportación de inmigrantes indocumentados en el país.
La decisión fue asumida por la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito, lo que implica una victoria temporal para el gobierno federal en Washington DC.
Según la corte de apelaciones, el gobierno de Biden puede implementar una guía federal que prioriza la deportación de personas indocumentadas en el país que representan el mayor riesgo para la seguridad pública, como aquellos con antecedentes penales.
El tema en disputa se origina en una directiva de septiembre de 2021 en la que el Departamento de Seguridad Nacional suspendió la deportación de inmigrantes indocumentados a menos que hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”.
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El gobierno de Biden actualizó la política que se seguía bajo el gobierno del entonces presidente Donald Trump, que expulsó ilegalmente a personas del país sin importar sus antecedentes penales o vínculos comunitarios.
Un juez federal suspendió la política de Biden después de que Arizona, Ohio y Montana presentaran una demanda para detenerla, argumentando que conduciría a un aumento de la delincuencia y agotaría los recursos de las fuerzas del orden.
Tras el fallo emitido la semana pasada, el gobierno de Biden interpuso un recurso y la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de EEUU anuló la orden judicial preliminar del juez.
De acuerdo con el tribunal de apelaciones, los estados no pudieron probar las lesiones que argumentan y que la guía solo instruye a los agentes federales sobre cómo hacer cumplir una ley sobre la que el gobierno nacional tiene autoridad.
La guía de seguridad nacional “no impone ningún costo directo a los estados ni amenaza con la pérdida de ningún financiamiento federal”, escribió el juez jefe de circuito Jeff Sutton.
Emilee Cantrell, secretaria de prensa del fiscal general de Montana, Austin Knudsen, dijo en un comunicado que la “decisión de la corte desafortunadamente permite que el presidente Biden continúe con sus peligrosas políticas de inmigración”.
“La crisis fronteriza tiene impactos devastadores en Montana y en los estados de todo el país”, dijo Cantrell. “El fiscal general Knudsen continuará utilizando todas las herramientas disponibles para que el gobierno de Biden haga su trabajo y asegure la frontera” dijo Brittni Thomason, portavoz de la Oficina del Fiscal General de Arizona, en un comunicado.
“Esta política es otro ejemplo vergonzoso de las acciones que está tomando el gobierno de Biden para alentar los cruces fronterizos ilegales”, dijo Thomason.
