NUEVA YORK - Una corte de apelaciones de Nueva York acordó este lunes posponer el cobro de la sentencia por fraude civil de $454 millones del expresidente Donald Trump, si aporta $175 millones en un plazo de 10 días.
Si lo hace, detendrá el reloj del cobro e impedirá que el Estado embargue sus bienes mientras apela.
El acontecimiento se produjo justo antes de que se esperaba que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, iniciara esfuerzos para cobrar la sentencia.
A principios de esta semana, los abogados de Trump pidieron a un tribunal de apelaciones estatal que detuviera el cobro, alegando que era “una imposibilidad práctica” lograr que un asegurador aprobara una fianza por una suma tan grande.
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Los abogados del expresidente argumentaron que los aseguradores querían el 120% de la sentencia y no aceptarían bienes raíces como garantía. Eso significaría inmovilizar más de $557 millones en efectivo, acciones y otros activos líquidos, y la compañía de Trump necesita algo sobrante para administrar el negocio, han dicho sus abogados.
El fallo fue emitido por el tribunal de apelaciones intermedio del estado, la División de Apelaciones del tribunal de primera instancia del estado, donde Trump está luchando para revocar el fallo de un juez del 16 de febrero de que mintió sobre su riqueza mientras hacía crecer el imperio inmobiliario que lo lanzó al estrellato y la presidencia.
Trump enfrenta dos importantes audiencias este lunes: la primera, será relacionada con los supuestos pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels, cuyo juicio se ha pospuesto por varias semanas y donde anticipan se revele nueva evidencia del caso; la segunda, es para que el exmandatario cumpla con el plazo de pagar los $457 millones por el caso de fraude del cual fue hallado culpable a mediados de febrero de este año.
Después de que la fiscal general del estado, Letitia James, ganara la sentencia, no intentó hacerla cumplir durante un tiempo de espera legal para que Trump solicitara a un tribunal de apelaciones una suspensión del pago. Ese período terminaba el lunes.
SE PODRÍAN CONFISCAR LOS BIENES DE TRUMP
James, una demócrata, dijo a ABC News el mes pasado que si Trump no tiene el dinero para pagar, ella buscaría confiscar sus bienes y estaba "preparada para asegurarse de que se pague la sentencia".
No detalló el proceso ni especificó a qué participaciones se refería, y su oficina se ha negado más recientemente a discutir sus planes. Mientras tanto, ha presentado un aviso de la sentencia, un paso técnico hacia un posible movimiento para cobrar.
La incautación de activos es una opción legal común cuando alguien no tiene el efectivo para pagar una multa judicial civil. En el caso de Trump, los objetivos potenciales podrían incluir propiedades como su penthouse en la Trump Tower, aviones, edificio de oficinas de Wall Street o campos de golf.
La fiscal general también podría perseguir sus cuentas bancarias y de inversión. Trump sostuvo en las redes sociales el viernes que tiene casi $500 millones en efectivo pero que tiene la intención de utilizar gran parte de ellos en su contienda presidencial. Ha acusado a James y al juez estatal de Nueva York Arthur Engoron, ambos demócratas, de intentar “quitarme el dinero para no poder usarlo en la campaña”.
Una posibilidad sería que la oficina de James pasara por un proceso legal para que las autoridades locales confiscaran las propiedades y luego trataran de venderlas. Pero esa es una perspectiva complicada en el caso de Trump, señala Stewart Sterk, profesor de derecho inmobiliario en la Facultad de Derecho Cardozo.
"Encontrar compradores para activos de esta magnitud es algo que no sucede de la noche a la mañana", dijo, señalando que en cualquier subasta ordinaria, "las posibilidades de que la gente pueda pujar hasta el valor real de la propiedad son bastante delgadas".
POR QUÉ TRUMP DEBE TANTO DINERO A NUEVA YORK
La deuda de Trump surge de un juicio civil que duró meses el otoño pasado por las acusaciones del estado de que él, su compañía y altos ejecutivos inflaron enormemente su riqueza en estados financieros, estafando a banqueros y aseguradores que hacían negocios con él. Las declaraciones valoraron su penthouse durante años como si, por ejemplo, fuera casi tres veces su tamaño real.
Trump y sus coacusados negaron haber actuado mal y dijeron que las declaraciones en realidad redujeron su fortuna, vinieron con exenciones de responsabilidad y no fueron tomadas al pie de la letra por las instituciones que le prestaron o aseguraron. La discrepancia del inmueble, dijo, fue simplemente un error cometido por los subordinados.
Engoron se puso del lado de la fiscal general y ordenó a Trump pagar $355 millones, más intereses que crecen día a día. A algunos coacusados, incluidos sus hijos y los vicepresidentes ejecutivos de la empresa, Donald Trump Jr. y Eric Trump, se les ordenó pagar cantidades mucho menores.
Según la ley de Nueva York, presentar una apelación generalmente no pospone la ejecución de una sentencia. Pero hay una pausa automática si la persona o entidad paga una fianza que cubre lo adeudado.
