WASHINGTON - Un juez de la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, programó audiencias para principios de enero para que el presunto autor intelectual del ataque del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, y dos coacusados se declaren culpables a cambio de cumplir condenas de cadena perpetua, pese a los esfuerzos del secretario de Defensa, Lloyd Austin, por anular los acuerdos.
La decisión del juez Matthew McCall, un coronel de la Fuerza Aérea, el miércoles, en el prolongado proceso por los ataques del 11 de septiembre de 2001, que mataron a casi 3,000 personas, apunta a una creciente lucha en torno a la independencia de la comisión militar en la base naval de Guantánamo.
McCall programó provisionalmente las audiencias de declaración para que se lleven a cabo durante dos semanas a partir del 6 de enero, esperando que Mohammed —acusado de idear el uso de aviones comerciales para los ataques— presente su declaración primero, si los esfuerzos de Austin para bloquearlo fracasan.
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Austin busca anular los acuerdos para Mohammed y los coacusados Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, lo que nuevamente encaminaría la acusación del gobierno, que lleva más de 20 años en proceso, hacia un juicio que conlleva el riesgo de pena de muerte para los acusados.
Aunque los fiscales del gobierno negociaron los acuerdos de declaración bajo los auspicios del Departamento de Defensa durante más de dos años, y recibieron la aprobación necesaria a mediados de año del funcionario superior que supervisa las acusaciones en Guantánamo, los acuerdos provocaron una condena enérgica de los senadores Mitch McConnell y Tom Cotton y otros republicanos destacados cuando surgió la noticia.
En cuestión de días, Austin emitió una orden para desechar los acuerdos, ya que dijo que la gravedad de los ataques del 11 de septiembre significaba que sólo él podía tomar cualquier decisión que renunciara a la posibilidad de ejecución para los acusados.
Los abogados defensores argumentaron que Austin no tenía fundamento legal para intervenir y que su movimiento equivalía a una interferencia externa que podría poner en duda la validez legal de los procedimientos en Guantánamo.
McCall dictaminó la semana pasada que Austin no tenía ningún fundamento legal para rechazar los acuerdos entre los acusados y la fiscalía y que su intervención llegó demasiado tarde porque se produjo después de que la aprobación por parte del funcionario superior en Guantánamo los hiciera válidos.
El fallo de McCall también confirmó que el gobierno y la autoridad máxima de Guantánamo acordaron cláusulas en los acuerdos de declaración para Mohammed y otro acusado que prohíben a las autoridades buscar posibles penas de muerte nuevamente incluso si los acuerdos de declaración se descartaran por alguna razón. Las cláusulas parecían escritas de antemano para tratar de abordar el tipo de batalla que ahora está teniendo lugar.
El Departamento de Defensa notificó a las familias el viernes que seguiría luchando contra los acuerdos de declaración. Los funcionarios tenían la intención de impedir que los acusados presentaran sus declaraciones, así como impugnar los acuerdos y el fallo de McCall ante un tribunal estadounidense de revisión de la comisión militar, dijeron en una carta a las familias de las víctimas del 11 de septiembre.
El Pentágono no respondió el miércoles cuando se le preguntó si había presentado su apelación.
Aunque las familias de algunas de las víctimas y otros insisten en que las acusaciones del 11 de septiembre continúen hasta el juicio y posibles sentencias de muerte, los expertos legales dicen que no está claro que eso pueda suceder.
Si los casos del 11 de septiembre superan los obstáculos del juicio, los veredictos y las sentencias, es probable que la Corte de Apelaciones federal para el Circuito del Distrito de Columbia escuche muchos de los problemas en el curso de cualquier apelación de pena de muerte.
Los problemas incluyen la destrucción por parte de la CIA de videos de interrogatorios, si la reversión del acuerdo de declaración de Austin constituía una interferencia ilegal y si la tortura de los acusados contaminó los interrogatorios posteriores realizados por “equipos limpios” de agentes del FBI que no usaron violencia.
