ATLANTA - Miles de personas salieron este lunes a las calles de Atlanta en Georgia en repudio por la muerte hace tres días de un afroamericano por disparos de un agente blanco, mientras que su familia exigió justicia y cambios en las fuerzas de seguridad.
La bautizada como "Marcha por la Justicia" se desarrolló de manera pacífica en los alrededores del Capitolio de Georgia, en el centro de Atlanta, para, según los organizadores, "instar a los legisladores a confrontar y abordar inmediatamente las fallas sistemáticas en la justicia penal y en el sistema electoral".
La marcha fue convocada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, conocida por sus siglas en inglés NAACP, y comenzó en el edificio federal Richard Russell para culminar en el Capitolio estatal.
La manifestación coincidió con la reanudación del periodo legislativo en la Asamblea General de Georgia, suspendido desde marzo por la pandemia del coronavirus.
A la protesta se sumaron varios legisladores estatales demócratas, así como numerosos líderes afroamericanos y otras personalidades.
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"Vamos a tomar el Capitolio todo los días hasta que los legisladores hagan su trabajo", declaró el reverendo James Woodall, presidente de la NAACP de Georgia, sobre las reformas que piden para evitar casos de brutalidad policial.
Al final de la protesta, un centenar de manifestantes bloqueó algunas calles del centro de la ciudad, sin que se reportaran actos de violencia o arrestos.
Rayshard Brooks, de 27 años, murió el pasado viernes tras recibir dos disparos en la espalda por parte de un agente de la policía de Atlanta en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida tras resistirse a ser detenido por supuestamente conducir ebrio.
Las autoridades fueron llamadas porque Brooks supuestamente se había quedado dormido en su vehículo, que estaba parado en el carril del servicio de comida para llevar del local Wendy's, donde ocurrieron los hechos.
El suceso fue captado en tres videos distintos y desencadenó la dimisión de la jefa de Policía de la ciudad, Erika Shields, y el despido del agente blanco que disparó, identificado como Garrett Rolfe.
En paralelo, la familia de Brooks ofreció este lunes una rueda de prensa, junto a su abogado, en la que exigieron justicia y cambios en la policía.
Una de las primas de la víctima, Tiara Brooks, subrayó que a la luz de este y otros sucesos similares la confianza que tenían en la policía está "rota".
"La única manera de sanar algunas de estas heridas es a través de condenas y un cambio drástico en el departamento de policía", dijo la pariente.
"¿Cuántas protestas tiene que haber para garantizar que la siguiente víctima no será tu primo, tu hermano, tu tío, tu sobrino, tu amigo o tu pareja para que finalmente podamos acabar el sufrimiento por la fuerza excesiva por parte de la policía", lamentó la prima de Brooks en una emotiva comparecencia ante los medios.
También habló la viuda de Brooks, Tomika Miller, que apareció acompañada por sus tres hijas menores de edad.
"No hay ninguna justicia que pueda hacerme feliz sobre lo que se ha hecho. Nunca volveré a tener de nuevo a mi esposo. Nunca volveré a tener a mi mejor amigo", se quejó la mujer.
Este caso se produce después de que el pasado 25 de mayo otro afroamericano, George Floyd, perdiera la vida a manos de un policía blanco en Mineápolis, lo que desencadenó una ola de protestas en distintas partes del país.
Según la cadena de televisión CNN, se espera que el presidente Donald Trump firme este martes una orden ejecutiva para establecer un sistema nacional de certificación para las agencias encargadas del cumplimiento de la ley y una base de datos para seguir mejor los casos de abuso de la fuerza por parte de la policía.
La cadena, que citó una fuente no identificada conocedora de la propuesta, precisó que dicha orden todavía está siendo finalizada, pero que el borrador incluye directivas "modestas" con un amplio apoyo que pretenden promover estándares más altos en la policía.
De acuerdo a esa fuente, una reforma más significativa de la policía se dejaría en manos del Congreso.
Entretanto, demócratas y republicanos se encuentran trabajando en sus respectivas propuestas legislativas, con una iniciativa, la de los progresistas, que aboga por cambios más profundos como la prohibición de inmovilizar a los detenidos por el cuello.
