WASHINGTON - El gobierno del presidente Joe Biden autorizó a los fiscales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a evaluar la desestimación de los casos de deportación y de asilo de ciertos inmigrantes que no cruzaron la frontera recientemente y que no son una amenaza para la seguridad pública.
La nueva guía enviada este lunes a los abogados de ICE se basa en las prioridades del gobierno, puestas en marcha en noviembre pasado para enfocar sus esfuerzos en detener y deportar a extranjeros que representan una amenaza para la seguridad nacional, pública y fronteriza.
LA MEDIDA AFECTARÍA A UNOS 700,000 CASOS
La medida afectaría a unos 700,000 expedientes, que en caso de ser cerrados, sería de manera temporal.
La decisión fue tomada para aliviar los considerables retrasos de casos que abarrotan las cortes de inmigración en todo el país en preparación para el posible aluvión de casos que lleguen a las cortes cuando se termine la aplicación del Título 42, que no permite a los solicitantes de asilo a entrar al país mientras aguardan la resolución de sus peticiones.
Desde el gobierno se resaltó que los casos a considerar no deben tener antecedentes policiales y no deben presentar una amenaza a la seguridad nacional.
