WASHINGTON – El padre de Kathryn Steinle, la mujer que fue mortalmente baleada el área de Embarcadero, San Francisco, presuntamente a manos de un inmigrante indocumentado, se dirigió ante un comité senatorial el martes para abogar por cambios a las leyes de inmigración que eviten que indocumentados convictos y con órdenes de deportación sean liberados.
La audiencia llega en momentos en que la Cámara Baja debate bloquear los fondos destinados a las llamadas “ciudades santuario” que se resisten a entregar a inmigrantes a las autoridades federales a raíz de la muerte de Steinle, ocurrida el 1 de julio.
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Jim Steinle abogó por cambios a las leyes de inmigración o nuevas leyes que arreglen los “agujeros” en el sistema que llevaron a liberación de López Sánchez.
“Estaríamos orgullosos de ver el nombre de Kate asociado con este tipo de legislación”, dijo Steinle. “Creemos que si la Ley de Kate (Kate’s Law) salva de vida de un hijo, una madre, un padre, la muerte de Kate no ocurrió en vano”.
"Kate's Law" es una propuesta que busca imponer una sentencia federal obligatoria de cinco años para las personas que son deportadas y regresan al país y 10 años para los que sean arrestados por segunda ocasión.
Jim Steinle testificó junto a familiares de otras víctimas de crímenes que han involucrado a inmigrantes indocumentados.
Inmigración
Dianne Feinstein, senadora demócrata de California, recalcó que es necesario que las autoridades locales en San Francisco mejoren la cooperación con oficiales de inmigración.
“Creo que un criminal convicto debe de ser removido del país y no deben de ser liberado a nuestras calles”, expresó Feinstein. “Cuando las autoridades de inmigración piden que una agencia del orden local o estatal les notifique sobre la inminente liberación de un indocumentado con un record criminal serio, ese pedido debe de ser honrado”.
Juan Francisco López Sánchez, acusado del homicidio de Steinle, habría sido deportado a pesar de una orden de retención de autoridades federales para que oficiales lo mantuvieran bajo custodia.
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Esto coincide con las políticas de San Francisco y otras jurisdicciones que se niegan a cooperar con órdenes de las autoridades de inmigración en medio de preocupaciones sobre la legalidad y el impacto que esto tiene en las comunidades inmigrantes.
La medida, del republicano Duncan Hunter de California, busca bloquear ciertos fondos federales otorgado s a ciudades que no acaten las órdenes de las autoridades de inmigración.
Una propuesta similar ya ha avanzado en el senado, pero se desconoce cuán lejos llegará.
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La Conferencia Estadounidense de Alcaldes y la Liga Nacional de Ciudades enviaron una carta el lunes a oficiales en protesta a cualquier legislación de este tipo. “Creemos que las decisiones relacionadas a como las agencias del orden priorizan sus recursos, dirigen su fuerza laboral y definen el rol de sus empleados debe residir bajo el liderado de los gobiernos locales.
El Arzobispo de San Francisco envió una carta el lunes urgiendo al comité a “evitar la implementación de políticas que castigan a todos los inmigrantes por las acciones de una pequeña minoría”.
“Aplaudo el compromiso a la seguridad pública por parte de la Ciudad de San Francisco y otras jurisdicciones locales y apoyan su derecho a ejercer una discresion razonable y apropiada en el manejo de inmigrantes detenidos”, escribió el arzobispo Salvatore J. Cordileone. “Una política justa y humanitaria no debe de ser abandonada por las fallas en el sistema.
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