BOGOTÁ — Uno de los contrabandistas más buscados de Colombia fue capturado en España como parte de una estrategia policial para desarticular redes del contrabando en las que hay involucrados funcionarios estatales, informó el viernes el presidente colombiano, Gustavo Petro.
“Esta persona es el jefe de una enorme asociación para delinquir que incluye personas que están al interior del Estado, en la vida política y, en general, en la delincuencia en Colombia”, señaló Petro en una declaración difundida a la prensa.
Diego Marín, conocido con los alias de “El Señor” y “Pitufo”, fue capturado en Valencia, en una operación entre la policía colombiana y sus pares españoles. El sospechoso, que era buscado con circular azul de Interpol, será trasladado a Colombia.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.
Petro pidió a Marín que confiese “todas sus relaciones políticas de funcionarios del Estado” dentro del proceso penal que enfrentará en Colombia.
Según el mandatario, el contrabando es la “otra cara del narcotráfico”, por lo que ha sido prioridad de su gobierno perseguirlo. “La manera cómo la cocaína exportada se convierte en pesos colombianos es a través fundamentalmente del contrabando. Entra por puertos casi que con sello oficial”, agregó.
La fiscalía señala a Marín de ser el presunto cabecilla de una red criminal que tendría rutas de contrabando desde China hacia Colombia. Marín presuntamente articulaba con los demás integrantes de la red el traslado a las zonas de acopio.
Marín estaba en la mira de las autoridades que emprendieron una operación contra el contrabando en marzo en la que detuvieron a un mayor de la policía, un coronel en retiro y dos particulares.
Petro aseguró que pidió directamente al presidente español Pedro Sánchez ayuda para capturar a Marín. “Lo teníamos ubicado, pero aún no se capturaba”.
La red gestionaba cada semana el acceso ilegal de 30 contenedores cargados de productos como textiles, cigarrillos y calzado, lo que en un año habría significado una renta ilegal de más de dos millones de dólares, según la fiscalía.
