SAN SALVADOR — Un tribunal de El Salvador condenó el lunes a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por negociar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas en las cárceles.
Funes enfrentaba cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes, mientras que el general Munguía Payes fue condenado por los mismos delitos y se le sumó el de actos arbitrarios.
Funes, de 64 años y quien vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno del presidente Daniel Ortega que en 2019 le otorgó la nacionalidad para evitar su extradición, se convirtió así en el segundo presidente salvadoreño condenado por violar la ley durante su mandato (2009-2014).
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.
Los homicidios se redujeron en El Salvador durante el gobierno de Funes pero las cifras repuntaron cuando la tregua se rompió en 2013 tras la remoción de Munguía Payés. Las nuevas autoridades retiraron los beneficios a los pandilleros presos.
En tanto, a su exministro de Seguridad, general David Munguía Payés, el tribunal le impuso una pena de 18 años.
En un programa de entrevistas transmitido en las redes sociales, el expresidente negó nuevamente los cargos que se le imputan y rechazó la sentencia.
“En mi opinión, la condena, por lo que a mí se refiere, es ilegal, no tiene sustento legal, ahora la condena del general Munguía Payés me parece injusta”, dijo Funes.
Argumentó que a nadie se le puede condenar por un delito que nos se ha podido demostrar. La Fiscalía no logró demostrar ninguno de los delitos, reprochó Funes, “ni los que se me imputan a mí, ni lo que le imputan a Munguía Payes”.
“Yo también me considero un condenado político, aunque la condena no se vaya a ejecutar porque no puedo ser extraditado por mi ciudadanía nicaragüense, pero simbólicamente sirve”, advirtió.
Funes descartó la posibilidad de presentar un recurso de apelación alegando que no tiene contacto con el defensor público que le asignaron.
El Tribunal argumentó en su fallo que las pruebas testimoniales, periciales y documentales comprobaron la comisión de los delitos cometidos por los procesados cuando eran funcionarios.
Señaló que en el juicio quedó establecido que ambos tenían el conocimiento y el dominio de las acciones ilegales que se realizaban como parte de la tregua pactada con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 19, en 2012 y 2013.
Las llamadas maras o pandillas tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, según las autoridades. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar.
Este no es el primer caso de presuntas negociaciones de funcionarios salvadoreños con las pandillas. Investigaciones periodísticas y autoridades de Estados Unidos han acusado también al gobierno del actual presidente Nayib Bukele de pactar con esos grupos.
