La decisión del tribunal bloqueará temporalmente la entrada en vigor de la ley mientras se litiga el caso.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, reaccionó luego de que un juez federal bloqueara la controvertible ley SB4 que permitiría el arresto de personas que se sospechan han ingresado al estado de manera ilegal.
"Texas apelará de inmediato esta decisión y no retrocederemos en nuestra lucha para proteger a nuestro estado (y a nuestra nación) de la crisis fronteriza del presidente Biden. El presidente de los Estados Unidos tiene el deber constitucional de hacer cumplir las leyes federales que protegen a los estados, incluidas leyes que ya están en los libros que exigen la detención de inmigrantes ilegales”, lee el comunicado.
Este jueves un Tribunal Federal concedió una moción para bloquear el Proyecto de Ley SB4, que permitiría a las autoridades locales y estatales arrestar, detener y expulsar a personas que sospechan han ingresado a Texas desde otro país sin autorización federal.
Una demanda de grupos de derechos civiles sostiene que la SB4 viola la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos y está precedida por la ley federal, ya que los jueces de Texas estarían obligados a ordenar la deportación de una persona independientemente de si es elegible para buscar asilo bajo la ley federal.
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La demanda fue presentada en diciembre de 2023 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) en nombre del condado de El Paso, American Gateways y el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas.
“Texas tiene derecho a defenderse debido al continuo incumplimiento por parte del presidente Biden de su deber de proteger a nuestro estado de la invasión en nuestra frontera sur”, dijo Abbott.
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La decisión del tribunal bloqueará temporalmente la entrada en vigor de la ley mientras se litiga el caso. Sin una orden judicial, la ley habría entrado en vigor el 5 de marzo de 2024. Es probable que el estado apele esta decisión.
Por su parte, activistas celebraron la decisión del Tribunal Federal e indicaron que esta medida “es inconstitucional”.
“La SB4 es inconstitucional y no se tolerará la criminalización de las comunidades inmigrantes. Esta decisión crucial nos permite continuar centrando nuestros esfuerzos en construir un sistema de inmigración seguro, legal y humano que no dependa de abusos como la discriminación racial y el acoso”, dijo Jennifer Babaie, directora de Defensa y Servicios Legales del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas.
