Alejandro Sánchez habló con dos expertos para entender el impacto médico y legal de esta orden ejecutiva.
TEXAS — A partir de este viernes primero de noviembre los hospitales públicos de Texas le preguntarán a sus pacientes si son ciudadanos o no a raíz de una orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott que pretende calcular cuánto gasta el estado en la atención médica de pacientes indocumentados.
Abbott emitió la orden ejecutiva el 8 de agosto en la que ordenaba a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) que recopilara información sobre el estatus de ciudadanía de pacientes.
Bajo la orden, HHSC también tendrá que informar anualmente al gobernador y a la legislatura de Texas de todos los gastos de atención hospitalaria y de emergencia de pacientes que no son ciudadanos de EEUU, para que el estado de Texas pueda solicitar el reembolso al gobierno federal.
Esta decisión despierta controversia entre los profesionales de la salud.
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"Ni los doctores ni los hospitales estamos de acuerdo, pero si esa es la ley. Vamos a tener que hacerlo", admite el doctor Iván Meléndez.
Sin embargo, Meléndez entiende que identificar costos y tratar de buscar ayuda federal puede ser beneficioso. Pero no está conforme con esta orden ejecutiva.
Además, "el paciente puede dilatarse más tiempo en ir al hospital por miedo a tener un problema migratorio", advierte Meléndez.
La medida no contempla repercusiones legales, como afirma el abogado de migración Alex Martínez.
"No va ha haber cambios de quién va a recibir y quien no va a recibir ayuda", dice el experto.
Sin embargo, sí puede haber una repercusión indirecta y es que los indocumentados se cohíben de acudir a recibir servicios médicos.
"Creo que tiene más impacto en el nivel psicológico de nuestra comunidad, a diferencia del impacto que va a tener en cómo los pacientes van a obtener sus servicios", añade Martínez.
Esta medida no limita el acceso a servicios médicos e independientemente de si se es o no ciudadano, debe asistir a un médico en caso de considerarlo necesario.
"Nosotros los doctores y los hospitales, lo menos que nos importa es el estatus migratorio y repito que nadie va ha ser rehusado de por su estatus migratorio. A todo el mundo se le va ha dar servicio", afirma Meléndez.
En el Valle del Río Grande esta discusión ya ha generado tensiones y un indeseable escalamiento, como lo experimentó el doctor Meléndez cuando esta orden fue hecha pública en agosto.
"Yo recibí llamadas y amenazas de muerte. A mí me hablaron al hospital buscándome para asesinarme", recuerda el médico.
La orden ejecutiva del gobernador establece que, HHSC tendrá que:
- Ordenar a los hospitales y otros proveedores identificados que recopilen información sobre el costo de la atención médica prestada a pacientes que no son ciudadanos de EEUU, a partir del 1 de noviembre de 2024.
- Dirigir a los hospitales cubiertos para que informen dichos datos a la HHSC trimestralmente, con presentaciones iniciales hasta el 1 de marzo de 2025.
- Indicar a dichos hospitales que informen al paciente de que la ley federal exige que cualquier respuesta a dichas preguntas no afecte a la atención del paciente.
- Informar anualmente, a partir del 1 de enero de 2026, al gobernador, al vicegobernador y al presidente de la cámara sobre los costes del año anterior de la atención médica prestada a personas que no son ciudadanos.
